Sin embargo, el líder del PRO no se presentará este viernes a declarar ya que se encuentra de viaje en el exterior, mientras en Tribunales se prevé que el juez de instrucción Facundo Cubas podría pedir su desafuero.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado rechazó este jueves un pedido de la defensa de Macri para que se anule su llamado a indagatoria y confirmó la citación de mañana.
Allegados a la defensa de Macri admitieron que el juez Cubas pediría el desafuero del jefe de Gobierno en caso que no se presente a declarar, lo que tiene posibilidades de ocurrir ya que el alcalde porteño inició el martes una gira por Estados Unidos y Francia.
El miércoles, el abogado de Macri, Alejandro Pérez Chada, había pedido la nulidad de la declaración, al argumentar que fue realizada de oficio por el juez sin que hubiera un pedido del fiscal, una situación que prohíbe el Código Procesal Penal, según la defensa.
El letrado se presentará este viernes en el juzgado de instrucción 49 para justificar la ausencia de su cliente. También está previsto que la querella de Graciela Cisneros, una de las víctimas del accionar de la UCEP, pida que Macri sea conducido a declarar por la fuerza.
Esta será la tercera vez que Macri no se presente en la Justicia, ya que había faltado a las indagatorias fijadas para el 10 de diciembre y el 25 de febrero.
En la última citación, Macri pidió la postergación porque, en el momento que debía presentarse ante el juez, estaba en un acto de campaña en una fábrica en San Martín.
Los diputados del bloque Proyecto Sur Liliana Parada y Claudio Lozano anunciaron que presentarán ante el juez Cubas un pedido para que Macri comparezca en un plazo máximo de 24 horas. "Ante las reiteradas inasistencias de Macri, le pediremos al juez Cubas que ratifique la citación y, en caso que no se presente, haga efectivo el apercibimiento de desafuero", señalaron los legisladores.
Lozano y Parada solicitaron al magistrado que "garantice" que el mandatario comunal "se presente en un plazo máximo de 24 horas desde el momento en que regrese al país".
Macri está acusado por las agresiones y amenazas que, según las denuncias, cometieron entre julio de 2008 y octubre de 2009 miembros de la UCEP contra personas en situación de calle.
El jefe de Gobierno firmó en 2008 el decreto 1232 de creación de la UCEP en el que se estableció que sus funciones son "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión" e "intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público".
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